Comienza la Modernización
Latinoamérica está viviendo una revolución digital, y el mercado de los criptoactivos no es la excepción. A medida que más personas adoptan los activos virtuales, la necesidad de una regulación clara y robusta se vuelve indispensable. Este movimiento busca no solo proteger a los usuarios, sino también formalizar el mercado y prevenir actividades ilícitas como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. En este contexto, Bolivia ha dado un paso estratégico que podría redefinir su posición en la economía digital de la región.
En un esfuerzo por modernizar su sistema financiero, Bolivia ha comenzado a establecer un marco regulatorio para los proveedores de servicios de activos virtuales (“PSAV”). Este avance se alinea con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (“GAFILAT”), mostrando la apertura del país hacia la economía digital.
Un hito crucial se marcó en abril de 2025, cuando la Unidad de Investigaciones Financieras (“UIF”) emitió la Resolución Administrativa N° UIF/19/2025. Esta resolución designó a los PSAV como sujetos obligados, lo que significa que ahora deben registrarse ante la UIF y cumplir con estrictas obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, de forma similar a lo que hoy se exige en México. Dicha Resolución aclara que esta obligación aplica solo a entidades con fines de lucro que prestan servicios a terceros, excluyendo el uso personal de activos virtuales.
Las Empresas de Tecnología Financiera y su rol en la innovación
Más recientemente, en julio de 2025, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (“ASFI”) emitió la Circular ASFI/885/25, sentando las bases para la regulación de las ETF. Esta normativa es una respuesta directa a la necesidad de supervisar a los modelos de negocio innovadores que, sin ser bancos tradicionales, tienen un alto impacto económico y social.
Según la ASFI, una ETF es una persona jurídica que presta servicios financieros basados en tecnología sin contar con una licencia de entidad financiera. A diferencia de los bancos, no captan fondos del público, pero sí ofrecen plataformas para pagos, evaluación crediticia, crowdfunding y soluciones con blockchain y activos virtuales.
La regulación establece que las ETF pueden ofrecer servicios como:
Soluciones con Blockchain, Activos Tokenizados y Activos Virtuales.
Plataformas para pagos, cobros y transferencias.
Servicios de scoring alternativo para evaluación crediticia.
Intermediación para financiamiento colaborativo (crowdfunding).
Para operar como una ETF registrada ante la ASFI, las empresas deben cumplir con requisitos como estar legalmente constituidas en Bolivia, presentar un modelo de negocio claro y contar con políticas de seguridad de la información y ciberseguridad robustas.
Conoce cómo están regulados los Activos Virtuales en México aquí.
Ciberseguridad y protección del usuario: los pilares de la nueva normativa
La protección del usuario financiero es un eje central de esta regulación. Las ETF están obligadas a implementar mecanismos de autenticación segura, protocolos de respuesta a incidentes cibernéticos y canales efectivos para la solución de controversias. Estas medidas no solo promueven la confianza en el uso de servicios digitales, sino que también sitúan la ciberseguridad como un pilar fundamental del modelo de supervisión.
A pesar de las nuevas oportunidades, la normativa también establece límites claros: las ETF no pueden captar fondos del público ni realizar intermediación financiera directa, salvo en alianza con entidades autorizadas. Su actividad está sujeta a una estricta verificación técnica y jurídica por parte del regulador.
Un futuro financiero más seguro e inclusivo
La inclusión de Bolivia en la lista gris del GAFILAT subraya la urgencia de fortalecer su sistema contra el lavado de activos. Al regular el ecosistema cripto, Bolivia no solo se alinea con los estándares internacionales y recupera credibilidad, sino que también sienta las bases para una mayor inclusión financiera. Millones de bolivianos que hoy no tienen acceso a servicios bancarios tradicionales podrían beneficiarse de alternativas digitales seguras y supervisadas.
Mientras que países latinoamericanos ya cuentan con marcos regulatorios para los criptoactivos, la decisión de Bolivia de regular en lugar de reprimir marca un punto de inflexión. Este enfoque puede redefinir su posicionamiento estratégico y proyectar al país hacia un futuro financiero más seguro, inclusivo y transparente. La regulación no es una limitación, sino una habilitación que abre la puerta a un crecimiento responsable y sostenido.
